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Aunque el volumen de “empresas buzón” y “falsas cooperativas” ha descendido tras la entrada en vigor del Paquete de Movilidad y de la normativa sobre trabajadores desplazados, la Inspección de Trabajo las tiene en su punto de mira.

 

De acuerdo con la hoja de ruta establecida por la Comisión Europea y por el Ministerio de Transportes con el objetivo de reducir la competencia desleal en el transporte de mercancías por carretera, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá a las “empresas buzón” y a las “falsas cooperativas” como objetivo prioritario para el trienio 2025-2027.

El Paquete de Movilidad aprobado por todos los países de la Unión Europea en julio de 2020, ya reconocía que en el ámbito comunitario ambas estructuras empresariales representan uno de los mayores focos de fraude laboral, social y fiscal en el sector del transporte europeo de mercancías por carretera.

Por otro lado, está previsto que en su labor de control los inspectores del Ministerio de Trabajo cuenten con la colaboración interministerial de los servicios de inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de los servicios antifraude fiscal de la Agencia Tributaria.

 

Qué es una “empresa buzón”

La ley considera “empresas buzón” a aquellas entidades jurídicas que siguiendo un proceso de deslocalización se registran en terceros países donde carecen de presencia y de actividad económica significativa, siendo su único propósito empresarial el de reducir sus costes de explotación aprovechándose de la existencia de una normativa fiscal, salarial y laboral más favorable.

Por otro lado, el Reglamento Comunitario 1071/2009 establece que para poder ejercer la actividad de transporte de mercancías por carretera en el ámbito de la UE, es obligatorio que las empresas dispongan de un establecimiento fijo y estable en los países donde se encuentren localizadas, algo que evidentemente incumplen las “empresas buzón”.

A raíz de la entrada en vigor del Paquete de Movilidad, que estableció nuevos y más rigurosos requisitos para la realización de transporte de cabotaje, y de la posterior publicación de la normativa que afecta a los trabajadores desplazados, muchas “empresas buzón” tuvieron que cesar en su actividad al desaparecer los beneficios fiscales, salariales y laborales que habían permitido su creación.

Para poder cuantificar la importancia de este problema, con anterioridad al Paquete de Movilidad las “empresas buzón” radicadas en Rumanía llegaron a realizar hasta un tercio del transporte de cabotaje en nuestro país, un porcentaje que alcanzó el 30% para el global de “empresas buzón” ubicadas en países del Este.

 

Qué es una “falsa cooperativa”

Con un importante historial asociativo y reivindicativo a sus espaldas, las cooperativas de transporte siguen siendo muchas y muy importantes en nuestro país, aunque el problema surge cuando esta figura empresarial se utiliza fraudulentamente con el objetivo de realizar competencia desleal.

En una cooperativa legal los socios son transportistas autónomos con todos los papeles en regla y que voluntariamente deciden asociarse con el objetivo de formar parte de un colectivo más amplio que les permita tener más dimensión y comercializar mejor y con más rentabilidad sus servicios.

Cada uno de estos socios es titular de las autorizaciones de transporte que corresponda, son propietarios de los vehículos que ponen a disposición de la cooperativa y fiscalmente todos los servicios de transporte se facturan a través de la cooperativa.

Por el contrario, en las falsas cooperativas de trabajo asociado los “cooperativistas” no son los titulares de las autorizaciones de transporte, que figuran a nombre de la “falsa cooperativa”, y tampoco son los propietarios de los vehículos, que también pertenecen a la “falsa cooperativa” y que ellos explotan en régimen de alquiler.

De esta forma y a pesar de que los “cooperativistas” figuren inscritos en el Régimen de Trabajadores Autónomos, formando parte de lo que popularmente se conoce como “falsos autónomos”, legalmente estos “cooperativistas” son trabajadores por cuenta ajena que deberían estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

 

El Ministerio de Transportes carece de estadísticas que permitan conocer cuál es el volumen actual de “empresas buzón” y de “falsas cooperativas”, pero desde la entrada en vigor del Paquete de Movilidad y de una nueva estrategia de inspección y control su número se ha reducido de forma sustancial.