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En 2024, la Unión Europea declaró ilegal el impuesto sobre hidrocarburos vigente en España entre 2013 y 2018, un tributo que consistía en un pequeño recargo por litro de gasolina y gasóleo.

Las comunidades autónomas, encargadas de aprobarlo y gestionarlo, pretendían destinar su recaudación a la sanidad y a la mejora de infraestructuras.

Este impuesto sustituyó al llamado céntimo sanitario, vigente entre 2002 y 2012, que también fue declarado ilegal por la Unión Europea.

La gran diferencia entre ambos casos es que, tras declararse ilegal el céntimo sanitario, la ley permitió que los consumidores finales (transportistas y conductores particulares) pudieran reclamar la compensación. Sin embargo, con el impuesto sobre hidrocarburos esto no ha sucedido. Según el Tribunal Supremo, los más de 5.000 millones de euros pagados por los ciudadanos podrían ser devueltos exclusivamente a las petroleras.

¿A qué se debe?

En España, solo quienes tributan oficialmente pueden reclamar. En este caso, no existe evidencia de que las petroleras hayan trasladado el impuesto al consumidor final y, por ende, todo lo recaudado gracias a los consumidores podría volver exclusivamente a las petroleras.

¿Qué significa esta situación?

Que las personas que han soportado directamente el coste del impuesto durante años no verán ninguna devolución, mientras que las empresas petroleras encargadas de recaudarlo podrían recibir millones de euros.

¿Qué se puede hacer para evitar que una situación parecida se repita?

• - Guardar las facturas completas de combustible de los últimos diez años.

• - Siempre que sea posible, exigir facturas desglosadas en las que el impuesto aparezca de forma clara.

• - Actuar con rapidez en caso de sentencia: cuanto antes se solicite asesoramiento, mejor.

• - Informarse adecuadamente sobre lo que se está pagando: entender qué se paga, a quién y por qué.

En conclusión, el caso del impuesto sobre hidrocarburos no es más que un recordatorio de que la ley no siempre respalda automáticamente a quien tiene la razón económica, sino a quien está jurídicamente preparado para defenderla.

Por ello,  es indispensable que los transportistas y las empresas documenten todos sus consumos, costes, pagos e impuestos, y que se mantengan informados sobre cualquier decisión legal que pueda afectarles.