El expediente para que los conductores puedan jubilarse antes y sin penalización estaba ya muy avanzado. Sin embargo, con las elecciones anticipadas previstas para el 29 de noviembre, su aprobación queda ahora en manos del actual Gobierno o del Ejecutivo que salga de las urnas.
En octubre de 2025, las principales patronales y organizaciones sindicales del sector (CETM, CCOO y UGT, además de Fenadismer en representación de los autónomos) solicitaron a la Seguridad Social que estudiara la aplicación de coeficientes reductores para los conductores profesionales.
Este mecanismo permite adelantar la edad de jubilación en determinadas profesiones consideradas especialmente penosas, peligrosas o con elevados índices de siniestralidad, sin aplicar los recortes en la pensión propios de la jubilación anticipada voluntaria.
Un año después, el procedimiento se encuentra en su recta final. Ya se han emitido tres de los cuatro informes necesarios y el análisis oficial recoge niveles significativos de morbilidad y mortalidad entre los conductores profesionales. Además, el Gobierno ha confirmado que la medida incluirá tanto a los trabajadores asalariados como a los autónomos.
Lo que falta: una comisión y el Consejo de Ministros
El paso decisivo todavía está pendiente. Una comisión de evaluación, que aún no se ha reunido, deberá emitir el informe definitivo.
Este órgano está formado por nueve miembros: dos representantes sindicales, dos de las organizaciones empresariales y cinco de la Administración, cuatro de ellos directores generales. Para que el informe salga adelante será necesario el respaldo de dos tercios de sus integrantes, es decir, seis votos.
Si el dictamen es favorable, se deberá elaborar el correspondiente decreto, que tendrá que recibir la aprobación del Consejo de Ministros.
Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas ha añadido incertidumbre al proceso. Mientras Fenadismer considera que el proyecto queda «trágicamente aparcado», UGT no descarta que el actual Gobierno pueda aprobarlo antes de los comicios, ya que no entrará en funciones hasta la celebración de las elecciones. Por su parte, CCOO insiste en que la documentación y las pruebas acumuladas justifican que la medida salga adelante, ya sea con el actual Ejecutivo o con el siguiente.
¿Qué significa para los conductores que trabajan actualmente?
Por el momento, mientras no se apruebe el decreto, no hay coeficientes reductores ni una fecha concreta para su aplicación. Los conductores que quieran jubilarse antes deberán seguir recurriendo a las modalidades ordinarias de jubilación anticipada, que conllevan las correspondientes reducciones en la pensión.
Cuando se apruebe la medida, su aplicación irá acompañada de una cotización adicional. Además, la normativa establece que, en ningún caso, la edad de jubilación podrá reducirse por debajo de los 52 años mediante estos coeficientes.
Así, el futuro de esta reivindicación histórica del transporte dependerá de los próximos movimientos políticos. El trabajo técnico realizado durante el último año supone un avance importante para el sector, pero la incertidumbre sobre su aprobación sigue estando presente.
Otras medidas del transporte que también quedan en el aire
La jubilación anticipada no es la única cuestión que podría verse afectada por el adelanto electoral. Hay otras medidas de interés para transportistas, autónomos y empresas que también podrían quedar paralizadas o sufrir retrasos en su tramitación. Entre ellas destacan:
· Módulos 2027: la continuidad del régimen de estimación objetiva para los transportistas autónomos requiere una aprobación normativa antes de finalizar el año.
· Cláusula de indexación del carburante: queda interrumpida la tramitación parlamentaria que debía convertir en ley la obligación de repercutir las variaciones del precio del combustible en los contratos de transporte.
· Segundo registro de jornada: queda en suspenso la tramitación del decreto que obligaría a implantar un sistema adicional de registro horario para los conductores, complementario al control que ya realiza el tacógrafo.
Por ahora, el sector del transporte tendrá que esperar para conocer qué decisiones se toman antes del 29 de noviembre y qué medidas recuperará como prioritarias el próximo Gobierno. Mientras tanto, reivindicaciones que afectan directamente a las condiciones laborales y económicas de miles de profesionales siguen pendientes de resolución.
