El Ejecutivo prorroga las rebajas fiscales al combustible para hacer frente a la escalada de precios derivada del conflicto de Irán. Las principales patronales del sector valoran que la ayuda continúe, pero reclaman cuantías más altas y un sistema de pago más ágil.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley que pone en marcha un tercer paquete de ayudas destinado a suavizar el impacto que la guerra en Irán sigue teniendo sobre el precio de los carburantes. Las medidas, anunciadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantienen el mismo esquema que ha estado en vigor durante el verano: rebajas progresivas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, en vigor desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre.
La bonificación se aplica de forma decreciente a lo largo del trimestre:
- · 20 céntimos por litro en octubre.
- · 13 céntimos por litro en noviembre.
- · 6 céntimos por litro en diciembre.
Estas rebajas quedan referenciadas a la evolución del precio del gasóleo: si el combustible sube más de un 15%, la bonificación de noviembre y diciembre vuelve a situarse en los 20 céntimos. El coste total de este tercer paquete para las arcas públicas se estima en 12.500 millones de euros, a lo que se suma una línea específica de ayudas para empresas ferroviarias de mercancías, dotada con 15.000 euros por locomotora.
Una subida de precios que ya se nota en la inflación
El contexto que justifica estas medidas es la fuerte escalada del precio del gasóleo, que pasa de rondar los 1,44 euros por litro al inicio del conflicto de Irán a situarse actualmente en torno a los 1,93 euros, un incremento superior al 40%. Esta subida ya repercute en el conjunto de la economía. El IPC español alcanza en septiembre el 4,9%, con los carburantes entre los principales responsables de ese repunte.
Para el presidente de CETM, Carmelo González, la situación resulta "inasumible" para muchas empresas de transporte, cuyos márgenes se estrechan hasta desaparecer pese a haber trasladado parte del incremento a sus clientes. La Confederación pide que las ayudas sean proporcionales a la subida real del combustible y que parte de la mayor recaudación pública generada por esta crisis energética revierta directamente en el sector.
Las patronales piden más cuantía y menos intermediarios
CETM considera insuficientes los 20, 13 y 6 céntimos anunciados y reclama que el Gobierno se replantee las cifras, recordando además que muchas empresas siguen sin cobrar las ayudas del primer paquete pese a llevar meses asumiendo el sobrecoste del gasóleo. Para una Confederación formada mayoritariamente por pymes, esta demora pone al límite la tesorería de numerosas compañías y amenaza con provocar cierres que reducirían la capacidad de transporte disponible.
En la misma línea se sitúa CONETRANS, que eleva la petición hasta los 40 céntimos por litro. Su presidente, Javier Arnedo, defiende esa cifra como "razonable" y pide que una parte de la recaudación extraordinaria que el Estado obtiene vía IVA por el encarecimiento del combustible revierta temporalmente en las empresas transportistas. La organización reclama además que toda la ayuda se canalice a través del mecanismo del Gasóleo Profesional, para garantizar que llega íntegra a quien soporta el sobrecoste.
FENADISMER pone el foco en la gestión de las ayudas
FENADISMER, por su parte, centra sus críticas en el propio sistema de reparto. La Federación rechaza que las rebajas vuelvan a gestionarse a través de las gasolineras, ya que sospecha que no todas las aplican de forma íntegra, y defiende que la única vía eficaz para garantizar liquidez inmediata es transferir el total de las ayudas directamente a las cuentas de transportistas y autónomos, sin intermediarios.
La organización avisa además de que vigilará de cerca las cláusulas de revisión previstas para noviembre y diciembre, y exigirá un incremento automático de las cuantías si la volatilidad del petróleo provoca nuevas subidas. Frente a estas críticas, el Gobierno sostiene que un análisis de la CNMC sobre 15.000 estaciones de servicio confirma que las rebajas fiscales se están aplicando correctamente, aunque el organismo mantiene abierto un estudio más amplio sobre la formación de precios en el mercado de los carburantes.
Un acuerdo que no cierra el debate
Con el nuevo decreto en vigor, el Gobierno deja la puerta abierta a prorrogar las ayudas más allá de diciembre si la incertidumbre geopolítica continúa. Mientras tanto, el sector del transporte coincide en valorar que las medidas se mantengan, pero insiste en que, tal y como están planteadas, no bastan para compensar una subida de costes que lleva meses erosionando la rentabilidad de miles de empresas y autónomos.