La disolución de las Cortes ha interrumpido la tramitación parlamentaria de la norma que refuerza la revisión del precio del transporte por la subida del combustible. Sin embargo, la obligación de repercutir estas variaciones sigue en vigor y los transportistas pueden continuar reclamando su aplicación.
El precio del combustible continúa siendo uno de los principales factores que condicionan la rentabilidad del transporte de mercancías por carretera. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprobó el pasado mes de abril el Real Decreto-ley 9/2026, una norma que reforzó la obligación de revisar el precio del transporte cuando se producen variaciones en el coste del gasóleo.
La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril y convalidada por el Congreso de los Diputados el 30 de abril, introdujo cambios importantes en la Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías. Entre ellos, reforzó el carácter obligatorio de la cláusula del combustible y estableció que los ajustes deben aparecer desglosados en la factura.
Sin embargo, su recorrido parlamentario no ha terminado como estaba previsto.
¿Qué establece la cláusula del gasóleo?
La normativa establece que, cuando el precio del combustible varía entre el momento de contratación y la realización del transporte, el precio inicialmente pactado debe revisarse aplicando la fórmula oficial establecida por la Administración.
Esta revisión es obligatoria y debe reflejarse de forma desglosada en la factura, tanto si la variación del combustible supone un incremento como si supone una reducción del precio del servicio.
Además, la aplicación de esta revisión es automática cuando el precio del combustible experimenta una variación igual o superior al 5 %, salvo que las partes hayan pactado por escrito un umbral inferior.
En los contratos de transporte continuado, la revisión debe realizarse automáticamente en cada periodo de facturación, independientemente del porcentaje de variación del combustible.
La norma también establece que cualquier pacto contrario a esta obligación se considera nulo y refuerza el régimen sancionador para garantizar su cumplimiento.
¿Por qué se ha paralizado su tramitación?
Tras su convalidación, el Congreso acordó tramitar el Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El objetivo era permitir que los grupos parlamentarios pudieran presentar enmiendas y debatir posibles modificaciones del texto.
Durante este proceso surgieron diferencias entre los distintos actores del sector. Mientras que las organizaciones de transportistas defendían mantener las garantías introducidas por la nueva normativa, desde otros ámbitos se planteaban cambios en su aplicación.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera había reclamado a los grupos parlamentarios que mantuvieran el contenido de la norma, al considerar que suponía un avance para proteger la rentabilidad de los transportistas y mejorar el equilibrio en las relaciones contractuales.
Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y la disolución de las Cortes el pasado 6 de octubre han interrumpido la tramitación legislativa. Los proyectos de ley que estaban pendientes decaen con el final de la legislatura, por lo que el debate de las enmiendas tendrá que esperar a la constitución de las nuevas Cámaras y a las decisiones que se adopten entonces.
¿Qué cambia para los transportistas a partir de ahora?
La principal cuestión es que la interrupción de la tramitación parlamentaria no significa que la cláusula del gasóleo haya quedado suspendida.
El Real Decreto-ley 9/2026 fue convalidado por el Congreso y continúa vigente. Por tanto, las obligaciones que recoge siguen siendo aplicables a los contratos de transporte por carretera.
Esto significa que los transportistas pueden seguir exigiendo la revisión del precio cuando corresponda, así como su reflejo desglosado en la factura. Las empresas cargadoras y los clientes que contratan servicios de transporte también deben respetar esta obligación.
El nuevo Parlamento tendrá que decidir si retoma la tramitación del proyecto de ley, introduce modificaciones o mantiene el marco normativo actual. Hasta entonces, la regulación aprobada en abril continúa siendo la referencia.
Un sector pendiente de otras decisiones
La incertidumbre legislativa no afecta únicamente a la cláusula del combustible. El adelanto electoral también ha dejado en el aire otras cuestiones de interés para el transporte por carretera, como la posible jubilación anticipada de los conductores profesionales, la regulación del sistema de módulos para 2027 o el desarrollo del nuevo registro digital de jornada.
Todas ellas son cuestiones que siguen generando expectación en un sector que reclama medidas para mejorar sus condiciones laborales, garantizar la rentabilidad de las empresas y afrontar la falta de profesionales.
Las elecciones del 29 de noviembre marcarán el inicio de una nueva etapa política. Mientras tanto, los transportistas tendrán que seguir desarrollando su actividad con la normativa actualmente vigente y pendientes de las decisiones que se adopten en los próximos meses.